
Según las cifras citadas por Castellanos, de un total de 176 expedientes, 137 permanecen en la impunidad y 34 han sido judicializados
Tegucigalpa, Honduras. Con un mensaje en redes sociales, Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestiona la aplicación de la justicia en Honduras, considera un trato desigual en los procesos judiciales que involucran a figuras políticas y exfuncionarios públicos.
“Justicia a la carta: rigor para unos, complacencia para otros”, expresó Castellanos, en referencia al requerimiento fiscal contra exintegrantes de la Comisión Permanente y a la orden de captura internacional contra Luis Redondo, actuaciones que han reavivado la discusión sobre la independencia y la consistencia del sistema de justicia hondureño.
La titular del CNA pidió que las actuaciones del Ministerio Público sean sometidas al mismo escrutinio público que cualquier otra institución, planteando interrogantes sobre por qué algunos procesos avanzan mientras otros parecen quedar atrapados en la lentitud judicial o terminan con resoluciones favorables para los señalados.
Entre los casos mencionados figuran el sobreseimiento definitivo que favoreció al expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, la mora judicial en el proceso contra Marco Bográn, la revocación del auto de formal procesamiento de David Chávez y la situación de antiguos funcionarios como Ebal Díaz y Ricardo Cardona.
Pero uno de los datos más llamativos expuestos por el CNA es la situación de los casos presentados por la institución: según las cifras citadas por Castellanos, de un total de 176 expedientes, 137 permanecen en la impunidad y 34 han sido judicializados.
Las cifras plantean una interrogante incómoda para el sistema de justicia: ¿cuántos casos más deberán esperar para que las investigaciones se traduzcan en resultados judiciales?
Con una frase que resume su cuestionamiento, Castellanos sentenció: “Cuando la justicia se sirve a la carta, la impunidad termina sentándose a la cabecera de la mesa”.
Sus declaraciones vuelven a colocar bajo el reflector la exigencia de transparencia, rendición de cuentas e igualdad ante la ley, en un país donde la confianza ciudadana en las instituciones de justicia continúa siendo un tema de intenso debate.
La pregunta que queda en el aire es directa: ¿se está aplicando la ley con el mismo rigor para todos o depende de quién se encuentre sentado en el banquillo?







