
La OACNUDH pidió revisar tres decretos aprobados para combatir el crimen organizado y advirtió que el uso de tatuajes como indicios de pertenencia a pandillas, los allanamientos sin control judicial y la prisión preventiva obligatoria pueden vulnerar garantías fundamentales. El exfiscal Luis Javier Santos también cuestionó las restricciones para investigar a altos funcionarios, mientras el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que analizarán las recomendaciones y defendió la legalidad de las reformas.
Tegucigalpa, Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) encendió las alertas sobre los posibles efectos de las recientes reformas penales aprobadas en Honduras para combatir las maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado, al advertir que algunas de sus disposiciones podrían poner en riesgo derechos fundamentales de la población.
En un pronunciamiento divulgado el jueves 12 de noviembre de 2026, el organismo internacional expresó su profunda preocupación por el contenido de los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, al considerar que determinadas disposiciones representan riesgos para la presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad personal, la igualdad ante la ley y las garantías judiciales.
Aunque Naciones Unidas reconoció que Honduras enfrenta importantes desafíos relacionados con la violencia, las extorsiones y la criminalidad organizada, recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a la población y garantizar justicia a las víctimas, pero debe hacerlo respetando los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la ampliación del delito de asociación terrorista a organizaciones que no necesariamente tienen objetivos ideológicos, así como su clasificación como delito permanente y la posibilidad de acreditar la pertenencia a estas estructuras mediante tatuajes.
Para la OACNUDH, estas disposiciones pueden vulnerar el principio de responsabilidad penal individual, debido a que ninguna persona debería enfrentar una privación de libertad o una acusación penal sustentada exclusivamente o de manera predominante en su apariencia física, vestimenta, tatuajes u otros elementos de perfilamiento.
Tatuajes bajo cuestionamiento
El señalamiento de Naciones Unidas cobra especial relevancia después de que las autoridades de Seguridad anunciaran que los tatuajes relacionados con la Pandilla 18, Mara MS-13 y el denominado Cártel del Diablo serán considerados indicios probatorios para investigar la posible pertenencia de una persona a estas organizaciones.
La preocupación radica en que portar un tatuaje no demuestra por sí mismo que alguien forme parte de una estructura criminal o haya participado en actividades ilícitas.
En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado recordó que las investigaciones deben fundamentarse en elementos objetivos y respetar la responsabilidad individual, evitando que características personales se conviertan en motivos suficientes para privar de libertad a un ciudadano.
La advertencia también coincide con los cuestionamientos planteados por abogados penalistas hondureños sobre el riesgo de que las nuevas disposiciones deriven en capturas masivas que involucren a personas inocentes.
Allanamientos sin control judicial
Otro de los aspectos que genera preocupación es la autorización de allanamientos sin posibilidad de revisión, control o convalidación judicial posterior.
Según la OACNUDH, esta disposición debilita los mecanismos destinados a prevenir actuaciones arbitrarias de las autoridades y puede afectar el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
El organismo considera que las operaciones contra el crimen organizado deben contar con controles institucionales que permitan verificar la legalidad de las actuaciones policiales y evitar abusos de autoridad.
Prisión preventiva obligatoria y detenciones de hasta 48 horas
La ONU también cuestionó la aplicación obligatoria de la prisión preventiva bajo un régimen de máxima seguridad cuando no existe posibilidad de una revisión judicial individualizada.
A criterio de la Oficina, esta medida contradice el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, puede representar un adelanto de pena sin que exista una sentencia condenatoria y afectar la independencia del Poder Judicial.
Otro punto de preocupación es la ampliación a 48 horas del plazo de detención sin comparecencia inmediata ante una autoridad judicial.
La OACNUDH advirtió que esta disposición incrementa significativamente los riesgos de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y posibles desapariciones forzadas, particularmente cuando las capturas se fundamentan principalmente en indicios externos.
ONU alerta sobre condiciones en las cárceles
Las observaciones del organismo internacional también alcanzan las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios de máxima seguridad.
De acuerdo con el monitoreo realizado por la Oficina, se han identificado medidas de confinamiento, aislamiento prolongado, restricciones al contacto con el exterior y limitaciones en el acceso a atención médica adecuada.
La OACNUDH considera que estas condiciones pueden constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y resultar incompatibles con la finalidad de rehabilitación social que debe tener el sistema penitenciario.
Asimismo, cuestionó la creación de un régimen especial de protección frente a allanamientos para personas que ocupan o hayan ocupado determinados cargos públicos, al considerar que podría afectar el principio de igualdad ante la ley y dificultar la investigación efectiva de posibles conductas delictivas.
Preocupación por protestas sociales y grupos vulnerables
La advertencia de Naciones Unidas va más allá de las personas señaladas por su posible vinculación con estructuras criminales.
El organismo considera que las reformas, analizadas en su conjunto, incorporan restricciones excepcionales a derechos fundamentales que se asemejan a facultades propias de un estado de excepción, pero sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías.
Recordó que las medidas de esta naturaleza deben ser excepcionales, temporales, proporcionales, no discriminatorias y estar sujetas a controles judiciales y legislativos.
También alertó sobre posibles impactos desproporcionados en comunidades y grupos vulnerables, particularmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Además, advirtió que la aplicación de las disposiciones podría incrementar el riesgo de criminalización indebida de personas que participan en protestas sociales, defienden derechos humanos o ejercen actividades relacionadas con el espacio cívico.
¿Qué pide Naciones Unidas al Estado hondureño?
Ante los riesgos identificados, la OACNUDH recomendó reformar la legislación aprobada para adecuarla a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Honduras.
Entre sus principales recomendaciones figuran:
- Implementar un Registro Central de Personas Detenidas, público y accesible, que permita prevenir detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
- Garantizar que el Ministerio Público conduzca y supervise efectivamente las investigaciones penales, incluyendo la adecuada recolección y valoración de las pruebas.
- Fortalecer la Defensa Pública del Poder Judicial, con recursos suficientes y atención permanente para garantizar el derecho a la defensa y el recurso de habeas corpus.
- Dotar de recursos al CONADEH y al CONAPREV para fortalecer sus labores de monitoreo y supervisión de las actuaciones estatales.
- Garantizar que la clasificación de las personas privadas de libertad se realice de manera individualizada y mediante criterios técnicos.
- Establecer mecanismos efectivos de supervisión y sanción para los miembros de las fuerzas de seguridad y defensa que incumplan sus funciones.
La Oficina también manifestó su disposición de continuar brindando asistencia técnica a los poderes del Estado para contribuir al fortalecimiento de una política criminal eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales.
Tomás Zambrano responde a las advertencias de la ONU
Tras el pronunciamiento internacional, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó y aseguró que el Poder Legislativo analizará las recomendaciones presentadas por la OACNUDH.
El titular del Legislativo manifestó que recibirán con apertura aquellas observaciones que contribuyan al combate contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia común.
Zambrano coincidió con Naciones Unidas en que el Estado tiene la obligación de proteger a la población hondureña y garantizar justicia a las víctimas de la criminalidad.
Sin embargo, defendió el contenido de las reformas y sostuvo que estas garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos.
El presidente del Congreso afirmó que el propósito de las disposiciones es someter a las organizaciones criminales que durante años han afectado a las familias hondureñas mediante la violencia, las extorsiones y otras actividades delictivas.
Asimismo, expresó que las reformas buscan privilegiar a las víctimas y a los ciudadanos que trabajan y no participan en actividades criminales.
Su reacción deja planteado un punto importante: mientras Naciones Unidas pide revisar las disposiciones por los riesgos que identifica para las garantías fundamentales, la presidencia del Congreso sostiene que las reformas mantienen el respeto al debido proceso y que las recomendaciones serán analizadas.
Exfiscal Luis Javier Santos advierte que reformas podrían limitar investigaciones contra altos funcionarios
A las preocupaciones expresadas por Naciones Unidas se suman los cuestionamientos del exjefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos Cruz, quien advirtió que algunas de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional podrían dificultar las investigaciones penales contra altos funcionarios del Estado.
Santos Cruz cuestionó particularmente las restricciones incorporadas para realizar allanamientos en domicilios de personas que ocupan o han ocupado determinados cargos públicos, al considerar que estas disposiciones podrían generar obstáculos para investigar posibles actos de corrupción y otras actividades ilícitas.
Desde su experiencia en el Ministerio Público, el exfiscal sostuvo que las reformas legislativas no son suficientes para combatir el crimen organizado, las maras y las pandillas, ya que, a su criterio, se requiere voluntad política, fortalecimiento de los organismos de investigación y políticas públicas efectivas.
«Las leyes por sí solas no van a combatir la criminalidad; lo que se necesita es voluntad de las autoridades y políticas que sean efectivas contra este tipo de criminalidad», expresó.
El exfuncionario también señaló que la corrupción constituye uno de los factores que alimentan otras formas de criminalidad, debido a los posibles vínculos de estructuras delictivas con funcionarios públicos, policías, militares y políticos que, según indicó, pueden beneficiarse de estas actividades ilícitas.
Sus declaraciones introducen otra dimensión en el debate sobre las reformas penales: además de los riesgos para las garantías individuales señalados por la OACNUDH, también existe preocupación por las posibles limitaciones que las nuevas disposiciones podrían generar para investigar a personas que ejercen o han ejercido cargos de poder.
La observación cobra relevancia porque las reformas no solamente deben analizarse desde las facultades que otorgan a las autoridades para combatir las estructuras criminales, sino también desde su impacto en la capacidad del Estado para investigar posibles delitos de corrupción y garantizar que la ley se aplique sin distinciones.
Abogados penalistas también advierten sobre posibles abusos
Las preocupaciones expresadas por la OACNUDH coinciden con las advertencias realizadas por profesionales del derecho en Honduras.
El abogado penalista y exjuez Félix Ávila ha señalado que las reformas pueden facilitar las detenciones contra estructuras criminales, pero advirtió que no deben convertirse en mecanismos para ejecutar capturas masivas sin investigaciones previas que permitan individualizar la responsabilidad de cada sospechoso.
Por su parte, el abogado penalista Marlon Duarte alertó sobre los riesgos de utilizar tatuajes como elementos para iniciar procesos judiciales sin comprobar la participación de las personas en actividades ilícitas.
Duarte también ha insistido en la necesidad de garantizar juicios rápidos y justos, para evitar que ciudadanos inocentes permanezcan durante años en prisión sin una resolución judicial.
Ambos planteamientos coinciden con la preocupación internacional sobre la necesidad de que las investigaciones penales no se fundamenten únicamente en características físicas o señalamientos.
El desafío: combatir el crimen sin vulnerar derechos
El pronunciamiento de Naciones Unidas, las observaciones del exfiscal Luis Javier Santos y los cuestionamientos de abogados penalistas colocan nuevamente en el centro del debate nacional la aplicación de las reformas penales y el alcance de las facultades otorgadas a las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
La discusión no se limita a la efectividad de las capturas o al endurecimiento de las penas, sino también a los mecanismos de investigación, la valoración de las pruebas, el control judicial y las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad.
A esto se suma la preocupación sobre las posibles restricciones a las investigaciones contra altos funcionarios y la necesidad de evitar que las disposiciones legales se conviertan en obstáculos para perseguir delitos de corrupción.
La OACNUDH sostiene que la seguridad y los derechos humanos no son objetivos contrarios, sino complementarios.
En ese sentido, el reto para el Estado hondureño será demostrar que puede combatir a las estructuras criminales, proteger a las víctimas y recuperar la seguridad en las comunidades, sin permitir que las nuevas herramientas legales se conviertan en mecanismos de persecución arbitraria contra ciudadanos inocentes o en barreras para investigar posibles actos de corrupción.
La advertencia de Naciones Unidas y las opiniones de los especialistas abren así un debate sobre la responsabilidad de las autoridades, el papel del Ministerio Público, la independencia del Poder Judicial y la igualdad ante la ley en la aplicación de las reformas aprobadas.






