Tegucigalpa.– Miles de hondureños de escasos recursos podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a atención visual especializada, luego de que el Decreto Legislativo 166-2026, publicado en La Gaceta, autorizara el traslado a la Secretaría de Salud de los equipos utilizados en las clínicas oftalmológicas y Ópticas del Pueblo del programa Operación Milagro.
La normativa permite a INJUPEMP e INPREMA donar equipos médicos, instrumental quirúrgico, mobiliario e insumos que habían sido adquiridos para el funcionamiento de estos centros. Parte del equipo será destinado al Hospital San Felipe y al Hospital Policlínico de Siguatepeque.
Aunque el decreto no establece expresamente el cierre definitivo de las clínicas, sí modifica de forma sustancial el modelo con el que fueron creadas y deja abierta la preocupación sobre qué ocurrirá con los pacientes que dependían de estos servicios.
Las clínicas fueron impulsadas para acercar atención oftalmológica a sectores vulnerables y reducir las barreras económicas y geográficas que enfrentan muchas familias para obtener una consulta, lentes o una cirugía.
El tema cobra especial relevancia ante la mora existente en el sistema público de salud y las dificultades que enfrentan pacientes del interior del país para acceder a especialistas.
La principal interrogante ahora es directa: ¿quién garantizará que los hondureños que no pueden pagar atención privada seguirán recibiendo estos servicios de manera gratuita, oportuna y cerca de sus comunidades?
Detrás de cada equipo trasladado no hay solo un inventario. Hay adultos mayores, trabajadores y familias que dependen del sistema público para poder volver a ver.
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