noviembre 19, 2026
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Tegucigalpa, Honduras.— Tras la visita de una comitiva legislativa hondureña, encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, Gabriela Castellanos cuestionó la intención de trasladar al país modelos de seguridad impulsados por el Gobierno de Nayib Bukele sin evaluar previamente sus implicaciones jurídicas, institucionales y humanas.

Castellanos señaló que pretender importar medidas de seguridad bajo el argumento de combatir la extorsión y los asesinatos evidencia una preocupante falta de propuestas propias y de soluciones integrales frente a la criminalidad. A su juicio, replicar fórmulas aplicadas en otros países sin analizar sus costos y consecuencias puede comprometer el Estado de derecho y debilitar las garantías fundamentales.

Desde una perspectiva de derechos humanos, Castellanos advirtió que la atracción por el modelo penitenciario salvadoreño puede convertirse en una bomba de tiempo para Honduras. Señaló que las denuncias sobre suspensiones de garantías procesales, restricciones al debido proceso y condiciones de hacinamiento deben formar parte de cualquier evaluación seria antes de considerar la adopción de medidas similares.

La preocupación, sostuvo, radica en que trasladar este tipo de políticas a un país con instituciones frágiles y afectadas por la corrupción podría ampliar los márgenes para los abusos de poder, la arbitrariedad y las violaciones de derechos fundamentales, sin garantizar una solución sostenible al crimen organizado.

Castellanos enfatizó que la lucha contra la extorsión, los homicidios y las estructuras criminales requiere mucho más que el endurecimiento de las condiciones de encarcelamiento. Honduras necesita políticas de seguridad sustentadas en investigaciones criminales eficaces, fortalecimiento de las instituciones de justicia, combate a la corrupción, prevención de la violencia y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Asimismo, cuestionó que una visita a un centro penitenciario de máxima seguridad se convierta en referencia para la formulación de políticas públicas sin una evaluación independiente de sus resultados, sus costos y sus consecuencias para la población. La seguridad ciudadana, advirtió, no debe confundirse con la exhibición de fuerza ni con la adopción de medidas que puedan debilitar los controles democráticos.

La seguridad no puede construirse a costa del Estado de derecho. El desafío de Honduras consiste en desarrollar respuestas eficaces contra la criminalidad que protejan a la población, garanticen el acceso a la justicia y eviten que la promesa de orden se convierta en una justificación para el abuso de poder.

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