Tegucigalpa. La absolución de Amílcar Alexander Ardón por lavado de activos y la posterior destitución de tres funcionarios del Ministerio Público reabren el debate sobre la justicia hondureña y dejan una pregunta incómoda: ¿se está castigando la negligencia o buscando responsables después del fracaso de un caso de alto impacto?
Dos días después del fallo absolutorio, el MP confirmó la separación del fiscal que llevó el caso, un perito y el jefe de la unidad financiera responsable de las pericias. Según el portavoz Yuri Mora, las decisiones obedecen a presuntas negligencias e irregularidades detectadas durante el proceso.
La Fiscalía acusaba a Ardón y a su hermano de no justificar unos 50.17 millones de lempiras utilizados en propiedades y empresas. Sin embargo, durante el juicio surgieron cuestionamientos sobre la prueba financiera presentada por el Ministerio Público.
¿Justicia selectiva?
El caso vuelve a alimentar la percepción ciudadana de una justicia con dos velocidades: contundente para perseguir a determinados acusados, pero incapaz de sostener algunas de sus propias acusaciones ante los tribunales.
Ardón, quien tuvo un papel relevante como testigo en el proceso de narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, fue absuelto en Honduras del proceso por lavado de activos.
La pregunta ahora es inevitable: si existieron errores tan graves en la investigación, ¿quién supervisó el trabajo antes de que el caso llegara a juicio?
El Ministerio Público anunció que investigará las actuaciones de los funcionarios separados y que recurrirá el fallo mediante casación. Sin embargo, la destitución de tres empleados no responde a interrogantes como quién revisó las pruebas, quién supervisó la investigación y por qué las supuestas irregularidades no fueron detectadas a tiempo.
El caso también plantea una preocupación mayor: ¿se investigarán las posibles responsabilidades jerárquicas con la misma rigurosidad?
La absolución no demuestra por sí sola que haya existido complicidad institucional. Pero las inconsistencias denunciadas sí justifican una investigación profunda para determinar si hubo negligencia, incompetencia, encubrimiento u otras actuaciones indebidas.
En un Estado de derecho, la justicia debe ser independiente, imparcial y creíble.
El caso Ardón deja una imagen difícil de explicar: un acusado absuelto y tres funcionarios fuera de sus cargos por la forma en que se presentó la acusación.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué falló, quién fue responsable y si la justicia realmente se aplica por igual para todos.
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