Tegucigalpa.– La Cruz Roja Hondureña presentó un estudio que analiza las causas, consecuencias y dinámicas del desplazamiento interno forzado que afecta a pueblos indígenas y afrohondureños en Honduras, una problemática que, según el informe, constituye una de las principales crisis de protección que enfrenta el país.
El documento fue elaborado por la Cruz Roja Hondureña (CRH), con respaldo técnico de la Cruz Roja Española (CRE) y financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del Convenio Regional Fase II “Contribuyendo a la Restitución de Derechos de la Población Migrante y Desplazada en Centroamérica y México”.
La investigación busca generar evidencia que permita fortalecer la respuesta humanitaria dirigida a comunidades indígenas y afrohondureñas obligadas a desplazarse dentro del territorio nacional a causa de amenazas, hechos de violencia, violaciones a los derechos humanos y otras circunstancias que ponen en riesgo su vida, integridad, seguridad o libertad.
Desplazamiento implica pérdida de territorio, cultura y medios de vida
El estudio advierte que, aunque el desplazamiento interno afecta a distintos sectores de la población, sus consecuencias son especialmente profundas entre los pueblos indígenas y afrodescendientes debido a la estrecha relación que mantienen con sus territorios, sus formas de organización y sus prácticas culturales.
Para estas comunidades, abandonar su lugar de origen no significa únicamente perder una vivienda. También puede implicar dejar territorios ancestrales, romper redes familiares y comunitarias, perder medios de subsistencia, interrumpir prácticas culturales y debilitar las estructuras tradicionales de autoridad.
Entre los factores que incrementan el riesgo de desplazamiento, el informe identifica la violencia, inseguridad, amenazas, vulneraciones a los derechos humanos, pobreza, exclusión social, desigualdades territoriales y eventos ambientales, elementos que pueden reducir la capacidad de las familias y comunidades para permanecer en sus territorios.
El análisis aborda el desplazamiento como un proceso que no comienza únicamente cuando una persona abandona su hogar, sino que comprende las condiciones previas, las rutas de movilidad, el asentamiento en comunidades receptoras y las posibilidades de integración, reintegración o construcción de soluciones duraderas.
Estudio abarca cuatro departamentos y cuatro pueblos
La investigación se concentró en los departamentos de Gracias a Dios, Cortés, Atlántida y Yoro, priorizando a cuatro pueblos: Miskito, Garífuna, Tolupán y Negro de Habla Inglesa.
Para elaborar el estudio se recurrió a trabajo de campo, revisión documental, entrevistas con personas desplazadas, autoridades comunitarias, instituciones públicas, gobiernos municipales y organizaciones humanitarias, además de grupos focales y levantamiento de información.
El informe también examina las distintas modalidades de violencia asociadas al desplazamiento, las vulneraciones de derechos humanos, las necesidades humanitarias, las brechas de protección y las capacidades de respuesta existentes tanto en las comunidades como en las instituciones.
Asimismo, incluye un mapeo de actores y servicios, un análisis del marco jurídico e institucional vigente y una ruta para la identificación, tramitación y atención de casos de desplazamiento interno forzado.
Persisten brechas de protección pese a avances legales
El estudio reconoce como avances la aprobación en 2023 de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente y la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Internamente (SINARDEFI).
Sin embargo, advierte que todavía persisten desafíos para comprender y atender de manera diferenciada las realidades de los pueblos Miskito, Garífuna, Tolupán y Negro de Habla Inglesa, especialmente durante las distintas etapas del desplazamiento.
Entre sus principales propósitos, el informe plantea fortalecer la prevención, mejorar los mecanismos de protección y asistencia humanitaria y promover procesos de integración, reintegración y soluciones duraderas para las personas afectadas.
También busca mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado, los gobiernos municipales, las organizaciones humanitarias y las propias comunidades, con el fin de construir respuestas que incorporen criterios de derechos humanos, igualdad, no discriminación, pertinencia cultural y participación comunitaria.
El documento subraya que la atención al desplazamiento interno en pueblos indígenas y afrohondureños requiere comprender que la pérdida del territorio puede significar también la pérdida de identidad, cultura, medios de vida y cohesión comunitaria, por lo que las respuestas deben adaptarse a las particularidades de cada pueblo y territorio.
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