Congreso aprueba Ley de Justicia Energética
El Congreso Nacional aprobó con 78 votos la Ley de Justicia Energética, que reestructura la ENEE y genera críticas de diputados de oposición por una posible privatización.
Tegucigalpa, Honduras.— El Congreso Nacional aprobó la Ley de Justicia Energética con 78 votos durante una extensa jornada legislativa que concluyó la noche del lunes, en medio de cuestionamientos de la oposición sobre una posible privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La aprobación contó con el respaldo de 49 diputados del Partido Nacional y 29 del Partido Liberal, mientras la bancada de Libertad y Refundación (Libre) mantuvo su rechazo a la reforma y advirtió que la transformación de la estatal eléctrica podría convertirse en el primer paso hacia una privatización del servicio.
La sesión estuvo marcada por protestas de los diputados de Libre, quienes reclamaron transparencia en el proceso y cuestionaron la forma en que fue tramitado el proyecto. Durante el debate, los legisladores corearon: “La ENEE no se vende, la ENEE se defiende”.
Ley de Justicia Energética cambia la estructura de la ENEE
La Ley de Justicia Energética establece que la ENEE funcionará como empresa matriz y que sus actividades de generación, transmisión y distribución serán separadas en empresas subsidiarias.
Según el Congreso, esta reorganización busca otorgar mayor autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera a cada área, mientras la ENEE conservará la propiedad estatal de las acciones y de los activos estratégicos.
El decreto establece que los bienes y activos de la estatal permanecerán bajo la titularidad de la empresa matriz y que las acciones de las subsidiarias no podrán ser transferidas a terceros.
La reforma también incorpora un mecanismo para impedir cambios en la naturaleza pública de la ENEE. Cualquier modificación futura en ese sentido requeriría una mayoría calificada de 96 votos en el Legislativo.
Oposición advierte sobre una posible privatización
Para la bancada de Libre, el debate no se limita a lo que establece expresamente la legislación aprobada, sino al modelo que podría construirse en los próximos años.
La diputada Angélica Smith sostuvo durante el debate que la energía eléctrica debe mantenerse como un derecho y no convertirse en un negocio. La oposición cuestiona que la reorganización bajo estructuras empresariales y la participación de inversión privada puedan terminar debilitando el carácter público del sistema eléctrico.
Desde Libre también se ha advertido que el proyecto podría convertirse en una “privatización maquillada”, al considerar que la separación de las distintas áreas de la ENEE podría facilitar posteriormente la entrada de capital privado en sectores estratégicos.
El diputado liberal Marco Tulio Rodríguez, quien también se opuso a la Ley de Justicia Energética, había advertido antes de la votación que el texto no ofrecía suficientes garantías para impedir que en cinco o seis años pudiera intentarse una privatización.
Su planteamiento era incorporar un candado más fuerte y aprobar las reformas por etapas.
¿Qué aprobó el Congreso con la Ley de Justicia Energética?
Entre los principales cambios contemplados en la reforma se encuentran:
- Reestructuración de la ENEE como empresa matriz.
- Creación de subsidiarias para generación, transmisión y distribución.
- Mantenimiento de la propiedad estatal del 100 % de las acciones.
- Prohibición de transferir las acciones de las subsidiarias a terceros.
- Protección de los activos de la ENEE, que no podrán ser transferidos en propiedad a las nuevas empresas.
- Separación administrativa, técnica, operativa y financiera de las distintas áreas.
- Procesos de licitación pública para la compra de energía.
- Eliminación de las contrataciones directas como mecanismo ordinario.
- Posibilidad de utilizar subastas inversas.
- Medidas contra el hurto y las pérdidas de energía.
- Modernización de los sistemas de medición.
- Conservación de los derechos laborales adquiridos de los trabajadores.
- Mantenimiento de los subsidios estatales bajo reglas específicas de financiamiento.
- Congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses, con posibilidad de una prórroga por otros seis meses mediante decisión del Congreso.
También se establece el mantenimiento de subsidios para determinados usuarios con consumos de hasta 150 kilovatios hora, además de mecanismos para condonar deudas a usuarios que consuman hasta 250 kilovatios hora, previa verificación técnica.
La discusión sobre el futuro de la ENEE
Aunque el Congreso sostiene que la ENEE no será privatizada y que el Estado conservará el 100 % de las acciones, la discusión política deja abierta una interrogante sobre el futuro de la empresa estatal y el alcance que podría tener la participación privada en el sistema eléctrico.
La reforma plantea promover inversiones y nuevas tecnologías en el sector, mientras que la oposición sostiene que la crisis no se resuelve debilitando la capacidad del Estado para controlar un servicio considerado estratégico.
El debate adquiere mayor dimensión en un país donde la ENEE enfrenta graves problemas financieros y operativos. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, ha señalado que las pérdidas de la estatal superan los 16,000 millones de lempiras anuales, argumento utilizado para justificar la transformación de la empresa.
Desde la ciudadanía también se cuestiona que, en lugar de fortalecer directamente a la empresa pública, se esté apostando por una transformación que incorpora mecanismos empresariales y abre mayores espacios para la inversión privada.
¿Quién se beneficiará del nuevo modelo energético?
La discusión trasciende las paredes del Congreso. Para los hondureños que enfrentan altos costos de vida, desempleo, pobreza, apagones y dificultades para pagar sus facturas, el debate no se limita a cómo reorganizar la ENEE, sino también a quién terminará beneficiando el nuevo modelo energético.
Mientras los diputados que respaldan la reforma la defienden como una solución a la crisis financiera y operativa de la estatal, sus críticos consideran que cualquier modificación del sistema eléctrico debe garantizar, antes que los intereses empresariales, el acceso de la población a energía segura, estable y a precios razonables.
La aprobación deja así un fuerte choque político: por un lado, quienes aseguran que se trata de una modernización necesaria para salvar a la ENEE; por otro, quienes temen que, bajo el argumento de rescatarla, se esté construyendo el camino para que un servicio estratégico termine convertido en un negocio dominado por intereses privados.
Con los 78 votos registrados a favor, la reforma queda aprobada en el Congreso Nacional, mientras el debate sobre el futuro de la ENEE y el modelo energético hondureño continúa abierto.
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