agosto 20, 2026
Grupo de hondureños sostiene una bandera de Honduras durante una manifestación por el TPS

Hondureños amparados al TPS enfrentan incertidumbre tras el fin de la protección temporal.

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) coloca a decenas de miles de hondureños ante incertidumbre migratoria, mientras Honduras prepara orientación legal y mecanismos de reintegración.

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) coloca a decenas de miles de hondureños que han vivido durante más de dos décadas en Estados Unidos ante un escenario de incertidumbre migratoria, mientras el Gobierno de Honduras concentra sus esfuerzos en brindar orientación legal, buscar una salida gradual y preparar mecanismos de reintegración para quienes eventualmente regresen al país.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) puso fin a la protección temporal para Honduras, una medida que alcanza a unos 55 mil hondureños, según las cifras citadas actualmente por las autoridades diplomáticas hondureñas. Otros cálculos elevan el universo potencialmente afectado al considerar familiares y personas vinculadas al programa.

Captura de publicación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la terminación del TPS
Publicación atribuida al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la terminación del TPS.

El TPS fue otorgado a Honduras en 1999, después de la devastación provocada por el huracán Mitch, y durante más de dos décadas permitió a miles de hondureños permanecer y trabajar legalmente en territorio estadounidense. Muchos de los beneficiarios construyeron familias, adquirieron viviendas, establecieron negocios y tuvieron hijos que son ciudadanos estadounidenses.

18 consulados para orientar a los hondureños

Ante la nueva situación migratoria, los hondureños pueden acudir a la red consular para solicitar orientación, actualizar documentos y conocer las alternativas disponibles según su situación particular. La red reportada actualmente comprende 18 oficinas o representaciones consulares en Estados Unidos.

Estas se encuentran en Washington D.C.; Nueva York; Boston; Chicago; Charlotte; Atlanta; Miami; Tampa; New Orleans; Houston; Dallas; McAllen; Los Ángeles; San Francisco; Phoenix; Denver; Seattle y Pittsburgh. La documentación oficial de Cancillería confirma buena parte de esta red, incluyendo Washington, Seattle, Boston, Nueva York, Chicago, San Francisco, Charlotte, Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Houston, New Orleans, McAllen y Miami.

Además de los trámites consulares, el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, informó este lunes que la representación hondureña cuenta con un grupo de abogados que brinda orientación a los compatriotas afectados, debido a que las posibilidades migratorias deben analizarse individualmente.

La recomendación de Cancillería ha sido evitar decisiones precipitadas y buscar asesoría legal antes de firmar documentos o abandonar Estados Unidos, pues la terminación del TPS no significa que todos los beneficiarios tengan exactamente la misma situación migratoria.

¿Qué está haciendo Honduras?

En junio, el Gobierno hondureño anunció una agenda diplomática y técnica de negociación con Estados Unidos. Cancillería informó entonces que solicitaría una audiencia de urgencia con autoridades del DHS y plantearía un período de gracia que permitiera a los hondureños ordenar sus asuntos migratorios, familiares, laborales, educativos y patrimoniales.

Posteriormente, el presidente Nasry Asfura solicitó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una salida humanitaria y ordenada para los hondureños afectados, tomando en consideración que muchos llevan más de 20 años establecidos en Estados Unidos.

Sin embargo, hasta este 17 de agosto, el escenario parece haber cambiado. Ya no se observa públicamente el mismo énfasis inicial en una negociación destinada a lograr la permanencia del TPS. El propio embajador Flores Bermúdez reconoció que, aunque Honduras mantiene optimismo, revertir la decisión de la administración Trump es difícil.

La defensora de los derechos de los migrantes Itsmania Platero sostiene que todavía existe espacio político para continuar las gestiones y recordó que Asfura solicitó que cualquier salida de los beneficiarios se produzca de manera gradual. Según Platero, hasta ahora no existe respuesta a esa petición.

Por ello, más que hablar actualmente de una negociación que garantice una nueva extensión del TPS, las acciones conocidas públicamente apuntan hacia orientación jurídica, una transición ordenada y la preparación ante un eventual retorno, aunque las autoridades aseguran que todavía mantienen abierta la vía diplomática.

El reto: recibir y reinsertar a quienes regresen

Honduras ya cuenta con experiencia reciente en atención a retornados. El programa “Hermano, hermana, vuelve a casa” contempló asistencia en los Centros de Atención al Migrante Retornado, alimentación, atención médica y psicológica, transporte, alojamiento y apoyo económico y social.

No obstante, ese programa fue suspendido en abril de 2026 para dar paso a una nueva estrategia que, según las autoridades, estaría más enfocada en oportunidades laborales y reinserción económica para los hondureños que regresen.

La dimensión del desafío es considerable. Durante 2025 y enero de 2026, alrededor de 37,790 migrantes retornados recibieron asistencia económica, con desembolsos cercanos a 98.25 millones de lempiras, según datos del Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH.

Platero advierte que el país enfrenta dificultades económicas y sociales que podrían complicar la reintegración de personas que han permanecido más de 20 años fuera de Honduras. También cuestiona si existe capacidad institucional suficiente para atender una eventual llegada significativa de compatriotas.

El fin del TPS abre así dos frentes para Honduras: mantener activa la vía diplomática en Washington para buscar una transición o eventual reconsideración de la medida y, al mismo tiempo, preparar al país para recibir a quienes tengan que regresar. Para miles de familias hondureñas, el problema ya no se limita a conservar un permiso migratorio: implica decidir qué hacer con empleos, viviendas, negocios, patrimonio y familias construidas durante más de dos décadas en Estados Unidos.

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