Jurista cuestiona la figura del “Fiscal Civil” y sostiene que el Estado debe hacer prevalecer la Constitución frente a estructuras creadas por la ZEDE.
Tegucigalpa. El abogado y analista constitucional Alex Navas elevó el tono frente a las actuaciones de Próspera ZEDE y exigió al Ministerio Público intervenir para garantizar el respeto de la Constitución, luego de que esa organización juramentara a Alberto A. Hernández Franks como su nuevo “Fiscal Civil”.
Según el planteamiento de Navas, la creación y funcionamiento de autoridades con atribuciones propias dentro de Próspera debe ser examinada por las instituciones hondureñas, al considerar que podría entrar en conflicto con principios constitucionales relacionados con la forma de gobierno, la soberanía y la integridad territorial del Estado de Honduras.
El cuestionamiento surge después de que Próspera anunciara que Hernández Franks tendrá entre sus funciones hacer cumplir sus normas y estatutos, promover acciones ante mecanismos de arbitraje, impulsar procedimientos de cobro forzoso de tributos y velar por disposiciones relacionadas con la propiedad y el orden público dentro de la jurisdicción que la organización afirma mantener.
Para Navas, el asunto trasciende un simple nombramiento administrativo. Su llamado apunta directamente al Ministerio Público para que valore si estas actuaciones son compatibles con el orden constitucional hondureño y ejerza las acciones que legalmente correspondan.
La controversia cobra mayor fuerza porque la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las reformas y la legislación que sustentaron el régimen ZEDE. En su razonamiento, la justicia constitucional abordó precisamente la protección de materias consideradas irreformables, entre ellas la forma de gobierno y la integridad del territorio nacional.
Pese a esa decisión, Próspera continúa desarrollando su estructura institucional. Esta semana presentó a Hernández Franks como responsable de hacer cumplir disposiciones civiles y administrativas dentro de lo que denomina una “jurisdicción especial de la República de Honduras”.
El nuevo episodio vuelve a colocar frente a frente dos posiciones: Próspera sostiene que mantiene facultades y derechos derivados de su marco jurídico y de compromisos previos del Estado, mientras que críticos como Navas consideran que las actuaciones posteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad deben ser examinadas a la luz de la supremacía de la Constitución hondureña.
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