La CREE deberá continuar realizando los ajustes trimestrales pese al congelamiento. El desafío será definir quién absorberá las diferencias acumuladas y qué ocurrirá con ellas cuando termine la medida.
Tegucigalpa.— La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) aprobó la nueva estructura tarifaria para el cuarto trimestre de 2026, que técnicamente representa un incremento promedio de 0.64 %. Sin embargo, el aumento no deberá trasladarse a la factura de los usuarios durante los próximos seis meses, debido al congelamiento establecido en la recién aprobada Ley de Justicia Energética.
La medida abre una interrogante que cobrará importancia en 2027: ¿qué ocurrirá con los ajustes que se acumulen durante los seis meses de congelamiento?
La CREE está obligada por la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) a continuar revisando y ajustando periódicamente las tarifas. En particular, debe efectuar revisiones trimestrales para reconocer las diferencias entre los costos reales de generación y los costos previamente proyectados. Informe-de-4to-Ajuste-Tarifario…
Es decir, el congelamiento no congela los costos del sistema eléctrico ni suspende los cálculos de la CREE. Lo que impide temporalmente es trasladar determinados incrementos al consumidor.
Nuevo ajuste: tarifa promedio sube de L5.98 a L6.02
El informe técnico de la CREE establece que la combinación de mayores costos de generación, la variación del tipo de cambio y otros ajustes financieros produjo para el cuarto trimestre un incremento promedio de 0.64 %, llevando la tarifa promedio calculada de L5.98 a L6.02 por kWh. Por categoría, el ajuste técnico es de 0.65 % para alta, media y baja tensión y de 0.63 % para el sector residencial. Informe-de-4to-Ajuste-Tarifario…
Para los usuarios residenciales, el nuevo pliego aprobado establece un cargo fijo de L59.74 mensuales, un precio de L5.0031/kWh para los primeros 50 kWh y L6.5102/kWh para el consumo adicional. Informe-de-4to-Ajuste-Tarifario…
Pero esos nuevos valores al alza no deberían ser trasladados al usuario mientras esté vigente la prohibición establecida por la Ley de Justicia Energética.
La legislación, sancionada por el presidente Nasry Asfura el 29 de septiembre, establece un congelamiento inicial de seis meses y contempla la posibilidad de extenderlo por otros seis meses mediante una decisión del Congreso Nacional.
Importante: se congela la tarifa, no la factura total. Si un abonado consume más electricidad, su recibo puede aumentar aunque los precios unitarios permanezcan congelados.
El ajuste pudo haber sido mucho mayor
Detrás del incremento final de 0.64 % existe un dato de mayor dimensión.
Según el informe de la CREE, los costos reales de generación superaron considerablemente las proyecciones. Entre junio y agosto, el precio del búnker estuvo 55.71 % por encima de lo previsto y el diésel 99.61 % arriba de la proyección. La generación térmica representó 51.25 % de la matriz, frente al 47.72 % previsto, mientras la hidroeléctrica quedó en 22.84 %, por debajo del 29.71 % proyectado. Informe-de-4to-Ajuste-Tarifario…
El costo marginal promedio del sistema aumentó 33.37 %, producto de una mayor utilización de generación térmica, mayores precios de combustibles y un incremento de la energía no suministrada. Informe-de-4to-Ajuste-Tarifario…
Como consecuencia, se determinó un saldo a favor de la ENEE por USD 214.19 millones. Antes de aplicar mecanismos de diferimiento, la CREE calculó que la tarifa promedio habría requerido un incremento de 21.02 % frente al tercer trimestre. Para evitar ese impacto inmediato, la ENEE solicitó diferir USD 104.91 millones hacia períodos posteriores, monto al que además se incorporarán intereses. Informe-de-4to-Ajuste-Tarifario…
Este punto resulta clave porque demuestra que parte de la presión tarifaria no desapareció: fue diferida.
¿Qué pasará después de los seis meses?
Aquí está el principal desafío. La Ley de Justicia Energética prohíbe temporalmente trasladar incrementos al consumidor, pero la CREE debe seguir haciendo las revisiones y cálculos trimestrales. El propio marco regulatorio establece mecanismos para recuperar en períodos superiores a tres meses variaciones significativas entre el costo real y el costo base de generación, precisamente para evitar fluctuaciones abruptas en las tarifas. Informe-de-4to-Ajuste-Tarifario…
Por tanto, no sería correcto afirmar desde ahora que al terminar los seis meses todo lo acumulado se cobrará automáticamente y de una sola vez a los usuarios. Eso dependerá de cómo se instrumente legal y financieramente el congelamiento, de los diferimientos aprobados, de eventuales subsidios o compensaciones del Estado, de la evolución de los costos y de si el Congreso decide ampliar la medida otros seis meses.
Lo que sí está claro es que los costos continúan existiendo. Si durante el congelamiento los costos reales permanecen por encima de la tarifa que paga el consumidor, alguien deberá absorber esa diferencia: el Estado mediante subsidios o transferencias, la ENEE temporalmente mediante diferimientos, o eventualmente la estructura tarifaria futura, según lo que legalmente corresponda.
La ley permite que el congelamiento inicial sea prorrogado por otros seis meses, por lo que podría extenderse hasta un año.
Una presión que puede trasladarse hacia 2027
La discusión, entonces, no termina con el congelamiento. El verdadero reto será determinar cómo se financiará la diferencia entre lo que cuesta producir y comprar la energía y lo que efectivamente pagarán los abonados durante este período.
La propia CREE advierte en su informe que las diferencias entre los costos reales y previstos forman parte de los ajustes trimestrales. El regulador calcula cada trimestre los costos reales de generación de los últimos meses liquidados y los compara con el costo previsto para determinar la diferencia acumulada que corresponde reconocer. Informe-de-4to-Ajuste-Tarifario…
Por ello, al concluir el congelamiento, el país podría enfrentar tres escenarios principales: que el Estado absorba las diferencias mediante subsidios o transferencias; que se mantenga un esquema de diferimientos graduales para evitar un salto tarifario; o que una parte de los costos pendientes termine reflejándose posteriormente en las tarifas, siempre de acuerdo con las decisiones regulatorias y legales que estén vigentes en ese momento.
El congelamiento representa un alivio inmediato para los hogares, pero no elimina el problema estructural de los costos de generación. La interrogante central para los próximos meses será cuánto costará mantener congelada la tarifa, quién financiará esa diferencia y qué ocurrirá con los montos diferidos cuando finalice la protección temporal.
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