El director ejecutivo del COHEP cuestionó las medidas de presión del gremio y pidió a la Secretaría de Trabajo aplicar la ley, mientras continúan las demandas por salarios y derechos laborales del personal médico.
Tegucigalpa .— La tensión entre el sector empresarial y el gremio médico hondureño escaló luego de que Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), calificara de «cártel» a la dirigencia del Colegio Médico de Honduras (CMH), en medio de las protestas y asambleas informativas que mantienen los profesionales de la salud.
Las declaraciones de Urtecho han generado controversia por el tono utilizado contra la organización gremial, mientras persiste el conflicto relacionado con el cumplimiento de compromisos laborales y administrativos por parte de las autoridades sanitarias.
El representante empresarial cuestionó las medidas de presión impulsadas por los médicos y solicitó a la Secretaría de Trabajo levantar las actas correspondientes y proceder conforme a la legislación vigente contra quienes participen en las acciones que afecten la prestación de los servicios.
Por su parte, el Colegio Médico ha mantenido sus reclamos por pagos salariales pendientes, cumplimiento de contratos, reintegro de profesionales despedidos y otras demandas laborales que, según el gremio, requieren respuestas concretas de las autoridades.
Una disputa que va más allá de las declaraciones
El cruce de posiciones vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad del Estado de garantizar tanto los derechos laborales de los trabajadores sanitarios como la continuidad de la atención médica para la población hondureña.
Mientras el COHEP cuestiona los mecanismos de presión utilizados por el gremio, los reclamos de los profesionales de la salud apuntan al cumplimiento de obligaciones laborales que deben ser atendidas por las instituciones competentes.
La utilización del término «cártel» por parte de Urtecho constituye una calificación polémica y no debe interpretarse, por sí sola, como prueba de una conducta ilegal por parte del Colegio Médico.
La ciudadanía continua siendo afectada
En medio de las declaraciones y los señalamientos, la ciudadanía continúa siendo una de las principales afectadas cuando las diferencias entre las autoridades y los trabajadores de la salud repercuten en la atención hospitalaria.
El desafío para el Gobierno es transparentar el estado de los compromisos pendientes, establecer plazos verificables para su cumplimiento y facilitar una salida al conflicto que evite prolongar la incertidumbre entre el personal sanitario y los pacientes.
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