noviembre 19, 2026
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Será el Tribunal de Sentencia el encargado de resolver, con base en los medios de prueba incorporados y debatidos en el proceso, la responsabilidad penal individual de cada acusado.

El nuevo aplazamiento prolonga la incertidumbre en uno de los casos más sensibles de Honduras, marcado por denuncias de trata de personas, cuestionamientos institucionales y la desaparición de una joven cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Tegucigalpa, Honduras. La lectura del fallo judicial en el denominado caso Delta Team fue reprogramada para el próximo viernes 20 de noviembre, a la 1:30 de la tarde, por decisión de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

La decisión representa diez días adicionales de espera para la familia de Angie Samantha Peña Melgares, desaparecida el 1 de enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía, y mantiene la expectativa nacional sobre uno de los procesos judiciales que más interrogantes ha generado en Honduras.

De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial, la reprogramación obedece a la revisión y corroboración de los medios de prueba presentados durante el juicio, así como a la ausencia temporal del traductor que participa en el proceso, quien regresaría al país el 19 de noviembre.

Desde Ejercer Justicia Honduras consideramos que la revisión rigurosa de las pruebas es una obligación de los tribunales y una garantía fundamental del debido proceso. Sin embargo, también es indispensable recordar que la justicia debe desarrollarse con diligencia, transparencia y respeto a los derechos de las víctimas y sus familiares.

Una familia sigue esperando repuestas

La desaparición de Angie Peña no puede reducirse a un expediente judicial ni a la eventual condena o absolución de los cuatro procesados. Detrás de este caso existe una familia que, desde enero de 2022, continúa esperando conocer qué ocurrió con la joven y, sobre todo, dónde está.

La abuela materna de Angie, Blanca Matute Melgares, ha reiterado públicamente que la prioridad de la familia es encontrarla y conseguir que regrese a casa.

Esta exigencia debe permanecer en el centro de la atención pública e institucional.

La sociedad hondureña tiene derecho a conocer los avances de las investigaciones, las responsabilidades que puedan establecerse y las acciones que las autoridades mantienen para esclarecer la desaparición.

Cuatro acusados y una decisión judicial penal

En este proceso figuran los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, acusados por trata de personas en la modalidad de renta; así como Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, acusados por asociación para delinquir.

Durante la etapa de conclusiones, el Ministerio Público solicitó que se estableciera responsabilidad penal para los procesados, mientras que las defensas solicitaron un fallo absolutorio.

Será el Tribunal de Sentencia el encargado de resolver, con base en los medios de prueba incorporados y debatidos en el proceso, la responsabilidad penal individual de cada acusado.

Es importante señalar que la resolución de este juicio no debe confundirse con el esclarecimiento integral de la desaparición de Angie Peña. La sociedad y su familia necesitan conocer qué ocurrió, quiénes pudieron estar involucrados y qué otras líneas de investigación deben continuar.

La justicia no puede quedarse en la impunidad ni en el silencio

El caso Delta Team ha generado preocupación por los señalamientos sobre posibles redes de explotación sexual y trata de personas, así como por las denuncias públicas sobre eventuales conexiones con estructuras criminales y posibles responsabilidades de funcionarios.

Estos señalamientos requieren investigaciones independientes, exhaustivas y sustentadas en pruebas. Ninguna denuncia debe sustituir la investigación judicial, pero tampoco puede ser ignorada cuando existen elementos que ameritan esclarecimiento.

La secretividad bajo la cual se desarrolló el juicio también plantea la necesidad de garantizar que la ciudadanía pueda conocer, dentro de los límites legales, las razones y fundamentos de la resolución judicial.

Desde este medio de comunicación consideramos fundamental que las instituciones del Estado demuestren que ninguna persona está por encima de la ley y que las investigaciones sobre posibles estructuras de trata de personas deben alcanzar a todos los responsables, independientemente de su nacionalidad, posición económica o posibles conexiones de poder.

Ante la nueva fecha establecida para el 20 de noviembre, la familia de Angie necesita que:

  • El Poder Judicial, que garantice una resolución debidamente fundamentada, independiente y apegada a derecho.
  • El Ministerio Público, continúe las investigaciones necesarias y no limite sus esfuerzos al proceso actualmente en etapa de fallo.
  • Las autoridades de investigación, mantengan las acciones orientadas a establecer el paradero de Angie Peña.
  • Las instituciones responsables de proteger a víctimas y testigos, garanticen su seguridad y eviten cualquier forma de intimidación.
  • La sociedad hondureña, mantenga su atención y solidaridad con la familia de Angie y con todas las víctimas de desaparición y trata de personas.

El próximo 20 de noviembre no solamente se espera una resolución judicial. También se espera una señal de que el sistema de justicia hondureño puede responder ante casos complejos, investigar sin privilegios y garantizar que los derechos de las víctimas no queden relegados.

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