
Sulaco, Yoro, Honduras.- La lucha contra el crimen organizado en Honduras suma un nuevo capítulo, esta vez con la detención de dos mujeres: la madre y la hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como alias «El Diablo», señalado por las autoridades como presunto cabecilla del denominado Cártel del Diablo.
Las mujeres, identificadas como Juana Rodas Cálix, de 60 años, y Melissa Manuela Ramos Rodas, de 18, fueron capturadas el domingo 15 de noviembre durante un operativo policial en la aldea Chilindrones, municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
Ambas son requeridas por el presunto delito de asociación terrorista. Según las investigaciones policiales, habrían desempeñado funciones de apoyo logístico y colaboración dentro de la estructura criminal. Las autoridades aseguran que la investigación comenzó en 2022 y que existen elementos probatorios para sustentar los señalamientos.
Sin embargo, esta captura también abre una pregunta que no debe quedar fuera del debate público: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una persona por las actividades criminales de un familiar?
La justicia debe investigar, pero también demostrar
El vínculo familiar con una persona señalada de dirigir una organización criminal no constituye, por sí mismo, una prueba de culpabilidad.
Las autoridades sostienen que las dos mujeres no fueron detenidas simplemente por ser familiares de «El Diablo», sino por las actividades que presuntamente realizaban dentro de la organización. El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, afirmó este lunes que existe abundante evidencia en el expediente investigativo.
Ahora corresponde que esa evidencia sea presentada y examinada por los tribunales.
En un Estado de derecho, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, independientemente de su parentesco, condición económica o entorno familiar.
Honduras necesita respuestas frente a la violencia, la extorsión y el crimen organizado. Las víctimas y sus familias merecen justicia, y las autoridades tienen la responsabilidad de investigar y actuar.
Pero combatir la criminalidad también significa garantizar que nadie sea condenado por su apellido, por su parentesco o por las acciones de otra persona.
Porque la justicia debe ser firme contra el delito, pero también justa con las personas.






