
La intervención de la entidad financiera, las investigaciones por presuntas operaciones irregulares, los vínculos empresariales del mandatario y la pérdida de respaldo político provocaron una crisis institucional que terminó con la renuncia presidencial.
Asunción, Paraguay. La crisis financiera de Ueno Bank se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos y económicos recientes de Paraguay. Lo que comenzó como una intervención bancaria por problemas de solvencia terminó sacudiendo al Gobierno, comprometiendo recursos públicos, dejando a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y colocando bajo investigación las relaciones empresariales que vincularon al presidente Santiago Peña con el conglomerado propietario de la entidad.
El caso alcanzó su punto más crítico este jueves 5 de noviembre de 2026, cuando Peña anunció su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de las presiones políticas, las protestas ciudadanas y el avance de un proceso de juicio político en el Congreso.
La dimensión de la crisis es considerable: Ueno Bank atendía aproximadamente a 2.9 millones de clientes y administraba entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos vinculados a instituciones estatales y al sistema de previsión social.
La intervención bancaria dejó a miles de personas sin posibilidad de disponer inmediatamente de sus ahorros, mientras las autoridades comenzaron a trabajar en mecanismos para proteger a los depositantes y determinar el destino de los recursos comprometidos.
Una crisis bancaria que dejó a millones de clientes en incertidumbre
El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
La decisión implicó la intervención de la entidad y la suspensión de sus operaciones habituales, afectando el funcionamiento de tarjetas, aplicaciones, cajeros automáticos y cuentas bancarias.
Para los ciudadanos, las consecuencias fueron inmediatas. Familias, trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios quedaron enfrentados a la incertidumbre sobre cuándo podrían recuperar el acceso a su dinero.
La preocupación también alcanzó al sector público, debido a la importante cantidad de recursos estatales que permanecían depositados en la institución financiera.
Es importante precisar que los aproximadamente 850 millones de dólares corresponden a fondos públicos administrados por el banco y no representan, por sí mismos, una pérdida definitiva. La recuperación de esos recursos dependerá de los procedimientos financieros, regulatorios y legales correspondientes.
Las presuntas irregularidades financieras bajo investigación
La crisis de Ueno Bank no surgió de manera repentina. Antes de la intervención, publicaciones del diario paraguayo ABC Color habían advertido sobre posibles irregularidades en las operaciones crediticias y financieras de empresas vinculadas al conglomerado empresarial.
Entre los principales elementos investigados figuran préstamos y sobregiros concedidos a compañías relacionadas con el mismo grupo económico, algunos de ellos bajo condiciones que, según la hipótesis fiscal, no cumplían los parámetros habituales de evaluación del riesgo crediticio.
También se examinan transferencias de recursos entre sociedades vinculadas, operaciones de cancelación de obligaciones y movimientos financieros que habrían comprometido los activos de la institución.
De acuerdo con el Ministerio Público paraguayo, las operaciones investigadas incluyen financiamientos por montos elevados, garantías insuficientes y documentación que habría presentado deficiencias para justificar la aprobación de determinados créditos.
La Fiscalía sostiene que parte de los recursos desembolsados habría terminado en otras empresas relacionadas con el grupo económico, en lugar de destinarse a los proyectos originalmente declarados.
El 4 de noviembre, el Ministerio Público confirmó la imputación de 27 personas vinculadas a Ueno Bank y a diferentes sociedades relacionadas con la entidad.
Los investigados enfrentan señalamientos por presunta conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
La investigación también contempla operaciones con saldos pendientes que superan los 166 millones de dólares, además de obligaciones en moneda nacional.
Sin embargo, las imputaciones corresponden a una investigación en curso y no constituyen una declaración de culpabilidad. Será la justicia paraguaya la encargada de establecer las responsabilidades individuales.
El vínculo empresarial que puso a Santiago Peña bajo cuestionamiento
Uno de los elementos más delicados del caso es la relación patrimonial que el presidente Santiago Peña mantuvo con Ueno Holding, empresa vinculada al Grupo Vázquez, conglomerado relacionado con la propiedad de Ueno Bank.
De acuerdo con documentos patrimoniales publicados por ABC Color, Peña declaró en agosto de 2023 una participación accionaria valorada en aproximadamente 6,144 millones de guaraníes, equivalente al 1.58 % del capital de Ueno Holding.
La controversia radica en que el mandatario mantuvo esa participación durante parte de su administración presidencial, mientras instituciones públicas depositaban importantes cantidades de dinero en la entidad bancaria vinculada al grupo empresarial.
En abril de 2025, Peña confirmó públicamente que había vendido sus acciones a finales de marzo de ese año y aseguró que había terminado su relación con Ueno Holding.
La existencia de esa participación empresarial está documentada. Lo que permanece bajo cuestionamiento es si durante ese período se produjo algún beneficio indebido, intervención irregular o conflicto de intereses relacionado con decisiones gubernamentales.
También se han señalado contratos y operaciones comerciales entre empresas vinculadas al conglomerado y diferentes instituciones estatales.
Uno de los puntos examinados por la prensa paraguaya es un fideicomiso relacionado con la integración bancaria de Ueno y Visión Banco, así como servicios de tecnología, marketing y otras actividades comerciales entre sociedades relacionadas.
Estas conexiones han alimentado las exigencias de explicaciones públicas sobre la transparencia de las relaciones entre el poder político y los intereses financieros privados.
Hasta el momento, no existe una sentencia judicial que declare a Santiago Peña culpable de delitos relacionados con el colapso de Ueno Bank.
La Fiscalía amplía las investigaciones y alcanza a 27 personas
El Ministerio Público paraguayo confirmó que la investigación penal involucra a 27 personas vinculadas a la administración bancaria y a diferentes empresas relacionadas.
Entre los hechos investigados figuran presuntas operaciones crediticias irregulares, movimientos de fondos entre sociedades y mecanismos financieros que habrían comprometido la solvencia de la institución.
Los fiscales solicitaron medidas cautelares personales y patrimoniales, incluidas restricciones de movilidad, inmovilización de cuentas y medidas sobre bienes de los investigados.
La investigación busca reconstruir cómo se aprobaron los préstamos, quiénes participaron en las operaciones, cuál fue el destino de los recursos y qué mecanismos permitieron que determinadas transacciones se realizaran.
Paralelamente, legisladores de oposición ampliaron una denuncia contra Santiago Peña por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros hechos que consideran deben ser investigados.
La Fiscalía recibió la denuncia, aunque su presentación no significa que los delitos señalados hayan sido acreditados.
La crisis llega a la Presidencia: Santiago Peña presenta su renuncia
El acontecimiento que transformó definitivamente el panorama político paraguayo ocurrió este 5 de noviembre.
En medio de las presiones para iniciar un juicio político, el presidente Santiago Peña anunció mediante un mensaje grabado su decisión de renunciar al cargo.
El mandatario argumentó que su determinación respondía a la necesidad de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
La dimisión se produjo después de que las críticas por el caso Ueno Bank aumentaran y sectores políticos exigieran explicaciones sobre los vínculos empresariales, los fondos públicos comprometidos y la actuación de los organismos de supervisión financiera.
Peña negó haber cometido irregularidades relacionadas con su antigua participación empresarial.
La crisis también provocó la salida del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, quien había presentado su renuncia a petición del propio mandatario en los primeros días de la controversia.
De acuerdo con reportes de Reuters y EFE, el vicepresidente Pedro Alliana quedó encaminado a asumir la Presidencia.
Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, avanzar con el juicio político contra Peña y trasladar el proceso al Senado.
Por tanto, la renuncia presidencial y el procedimiento de juicio político deben entenderse como acontecimientos institucionales relacionados, pero distintos, cuyo trámite corresponde a las autoridades paraguayas.
Una crisis que también golpea a las familias paraguayas
Más allá de las disputas políticas y empresariales, el impacto más inmediato de la crisis recae sobre los ciudadanos que confiaron sus ahorros a la institución financiera.
Para millones de clientes, el problema no se limita a una discusión sobre solvencia bancaria o responsabilidades administrativas. Se trata de la posibilidad de acceder al dinero que utilizan para comprar alimentos, pagar servicios, cubrir tratamientos médicos, sostener sus negocios y responder a las necesidades de sus familias.
La situación también genera preocupación por los recursos públicos depositados en la entidad, especialmente aquellos relacionados con instituciones responsables de prestaciones sociales y jubilaciones.
Las autoridades paraguayas han anunciado mecanismos para facilitar la devolución de depósitos elegibles mediante el sistema de garantía, aunque los procedimientos y condiciones de recuperación deben cumplirse conforme a las disposiciones correspondientes.
La crisis ha provocado además protestas y exigencias ciudadanas para que se garantice la devolución de los recursos y se investigue a todos los responsables, sin privilegios.
Las preguntas que todavía esperan respuestas
El caso Ueno Bank entorpece el panorama para el futuro financiero e institucional de Paraguay:
- ¿Qué instituciones públicas autorizaron los depósitos de cientos de millones de dólares en la entidad y bajo qué criterios?
- ¿Cuánto dinero podrá recuperarse y cuál es el monto real de los recursos comprometidos?
- ¿Quiénes aprobaron los préstamos a empresas relacionadas y qué controles se aplicaron?
- ¿Qué conocimiento tenían las autoridades supervisoras sobre las operaciones cuestionadas y cuándo comenzaron las advertencias?
- ¿Existieron conflictos de intereses durante el período en que Santiago Peña mantuvo participación accionaria en Ueno Holding?
- ¿Qué responsabilidades administrativas, financieras o penales corresponden a los directivos y funcionarios involucrados?
El pueblo exige esclarecer las circunstancias que llevaron a la intervención bancaria y determinar si existieron responsabilidades políticas o delitos financieros.
Una crisis que trasciende a un banco
El escándalo de Ueno Bank deja al descubierto la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos públicos, la independencia de los organismos supervisores y la necesidad de establecer controles efectivos sobre las relaciones entre las instituciones estatales y los conglomerados privados.
La caída de una entidad financiera de esta magnitud no solamente pone a prueba al sistema bancario, sino también la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y en las instituciones encargadas de proteger sus recursos.
La renuncia de Santiago Peña representa uno de los episodios políticos más relevantes de esta crisis, pero no cierra las investigaciones ni resuelve las interrogantes sobre el destino de los fondos comprometidos.
El verdadero desenlace del caso dependerá de que se esclarezca qué ocurrió con el dinero, quiénes participaron en las operaciones cuestionadas y si hubo responsabilidades dentro del poder político, empresarial y financiero.
Porque detrás de los millones de dólares, los informes regulatorios y las disputas políticas hay ciudadanos que esperan recuperar sus ahorros y conocer la verdad sobre una crisis que terminó sacudiendo a toda una nación.






