noviembre 19, 2026
1b5a6921-0e2b-476b-b75f-07b2f35860ab
«Las leyes por sí solas no van a combatir la criminalidad; lo que se necesita es voluntad de las autoridades y políticas que sean efectivas contra este tipo de criminalidad», expresó.

El exjefe de la Uferco y actual coordinador académico en temas de corrupción de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público cuestiona las restricciones para realizar allanamientos y advierte posibles obstáculos en la persecución de delitos de corrupción.

Tegucigalpa.- El exjefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos Cruz, quien actualmente se desempeña como coordinador académico en temas de corrupción de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público, manifestó su preocupación por los alcances de las recientes reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional, al considerar que algunas disposiciones podrían dificultar las investigaciones contra altos funcionarios del Estado y generar obstáculos para la persecución de delitos de corrupción.

Desde su experiencia en el Ministerio Público y en el trabajo especializado contra las redes de corrupción, Santos Cruz sostuvo que las reformas legislativas no son suficientes para combatir el crimen organizado, las maras y las pandillas, ya que, a su criterio, se requiere voluntad política, fortalecimiento de los organismos de investigación y políticas públicas efectivas.

«Las leyes por sí solas no van a combatir la criminalidad; lo que se necesita es voluntad de las autoridades y políticas que sean efectivas contra este tipo de criminalidad», expresó.

El actual coordinador académico señaló que la corrupción constituye uno de los factores que alimentan otras formas de criminalidad, debido a los posibles vínculos de estructuras delictivas con funcionarios públicos, policías, militares y políticos que, según indicó, pueden beneficiarse de estas actividades ilícitas.

Cuestiona restricciones a los allanamientos de altos funcionarios

Uno de los aspectos que más preocupa a Santos Cruz es la disposición que, según su interpretación de las reformas, establece un procedimiento especial para realizar allanamientos en las viviendas de altos funcionarios del Estado, incluso cuando existan circunstancias de flagrancia.

Explicó que esta medida obligaría al Ministerio Público a gestionar una autorización ante la Corte Suprema de Justicia, lo que implicaría someter la solicitud a un procedimiento que requiere la intervención de los magistrados del máximo tribunal.

«Es un blindaje para los altos funcionarios. Imagínese que a un funcionario se le observe cometiendo un delito y se introduzca a su domicilio; la autoridad no va a poder ingresar de inmediato, sino que tendrá que acudir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar una autorización», cuestionó.

A juicio del exjefe de la Uferco, este mecanismo podría retrasar actuaciones policiales y fiscales, comprometer la preservación de indicios y facilitar que una persona investigada tenga tiempo para escapar.

Como ejemplo, planteó el caso hipotético de un alto funcionario que cometa un asesinato y posteriormente ingrese a su vivienda. En esas circunstancias, advirtió que la Policía tendría que esperar el procedimiento de autorización correspondiente antes de ingresar al inmueble.

Santos Cruz también cuestionó que la protección contemplada en la disposición pudiera mantenerse incluso después de que una persona haya dejado de ejercer un cargo de alto nivel.

Advierte posibles efectos en investigaciones de corrupción

El exfiscal recordó que durante su gestión al frente de la Uferco se realizaron allanamientos en propiedades de expresidentes, exministros y funcionarios que todavía se encontraban en el ejercicio de sus cargos, como parte de investigaciones por presuntos actos de corrupción.

En ese sentido, consideró que las nuevas restricciones podrían representar dificultades para desarrollar diligencias investigativas relacionadas con funcionarios y exfuncionarios.

Asimismo, manifestó que el debate no debe centrarse únicamente en la existencia o eventual fusión de las unidades especializadas del Ministerio Público, sino en garantizar que las investigaciones pendientes avancen y lleguen a los tribunales.

«Lo importante aquí no es qué unidad conozca los casos; lo importante es que esos casos sean investigados, se lleven ante los tribunales y no permanezcan archivados, sino que lleguen a juicio oral y público», sostuvo.

También hizo referencia a expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción que permanecen en instancias judiciales, señalando la necesidad de que se produzcan resultados y se apliquen las sanciones correspondientes cuando se determine la responsabilidad penal.

Pide garantizar el derecho a la protesta

En relación con la incorporación de disposiciones vinculadas al delito de terrorismo y la asociación terrorista, Santos Cruz consideró que corresponde a los jueces determinar, en cada caso, si existen elementos suficientes para establecer la comisión de un delito o si una detención responde a otros motivos.

Aunque reconoció la necesidad de que las autoridades actúen contra las estructuras criminales, insistió en que las acciones deben desarrollarse con pleno respeto a los derechos constitucionales.

«La autoridad tiene que actuar con fuerza contra este flagelo, pero siempre respetando los derechos y garantías de las demás personas», manifestó.

El coordinador académico agregó que los tribunales tendrán que valorar los elementos de cada investigación, particularmente cuando puedan estar en juego derechos como la libertad de expresión y la protesta ciudadana.

Señala dificultades para investigar delitos de corrupción

Santos Cruz también expresó preocupación por las limitaciones temporales para acceder a información financiera y documentación institucional, así como por los plazos de prescripción de los delitos.

Según explicó, estas restricciones pueden dificultar la reconstrucción de hechos relacionados con presuntos actos de corrupción cuando las denuncias se presentan varios años después de su comisión.

Indicó que, conforme a su interpretación de la normativa vigente, el acceso a determinada información financiera e institucional se encuentra limitado a períodos de cinco años, situación que puede comprometer investigaciones de hechos antiguos.

Desde su experiencia en el Ministerio Público y su actual labor académica en materia de corrupción, consideró que esto representa un desafío para las investigaciones complejas que requieren revisar operaciones financieras, documentos y actuaciones administrativas de períodos anteriores.

El exjefe de la Uferco advirtió que, si las autoridades no conocen oportunamente los hechos o no reciben las denuncias dentro de los plazos que permiten asegurar la evidencia, las posibilidades de esclarecerlos pueden reducirse considerablemente.

«Pareciera que hay dos tipos de justicia»

Durante sus declaraciones, Santos Cruz también cuestionó la diferencia en los tiempos de respuesta del sistema judicial frente a los procesos contra ciudadanos comunes y aquellos relacionados con personas señaladas en casos de corrupción de alto impacto.

«Aquí en Honduras pareciera que hay dos tipos de justicia. El ciudadano común no pasa dos años y está condenado, con la sentencia firme cumpliéndola en la cárcel, mientras que los casos de corrupción duran ocho, doce o quince años en los tribunales y nunca se ve un resultado», expresó.

En ese contexto, demandó que ambos tipos de procesos reciban un tratamiento igualitario y que las investigaciones contra personas con poder económico o político no permanezcan indefinidamente sin una resolución judicial.

La efectividad deberá medirse con resultados

Finalmente, Santos Cruz consideró que antes de aprobar nuevas modificaciones legales debió realizarse una planificación más profunda, tomando en cuenta que, según su criterio, el Código Penal y el Código Procesal Penal ya contemplaban herramientas para perseguir a las maras y pandillas.

El exfiscal insistió en que uno de los principales obstáculos para combatir las estructuras criminales es la presunta existencia de vínculos entre redes delictivas y miembros de las propias instituciones encargadas de combatirlas.

«Mientras eso siga existiendo, se pueden aprobar todas las leyes que quieran desde el Congreso Nacional, pero los obstáculos siempre van a estar», afirmó.

Sobre los resultados de las recientes reformas, señaló que será necesario esperar y evaluar las estadísticas de los próximos seis meses o un año para determinar si realmente han generado mayor efectividad en el combate a la criminalidad.

Asimismo, aclaró que el aumento de la publicidad de las detenciones policiales no necesariamente significa que exista una reducción efectiva de las actividades delictivas.

Para Santos Cruz, la evaluación debe sustentarse en datos verificables y mediciones independientes que permitan establecer si las reformas han contribuido a reducir la criminalidad y fortalecer las capacidades de investigación del Estado.

About The Author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *