
El jefe de bancada del Partido Liberal endurece su discurso contra las estructuras criminales y plantea una postura extrema sobre el trato a los reclusos en las cárceles hondureñas.
Tegucigalpa.– Una declaración contundente y polémica sobre el tratamiento de los integrantes de maras, pandillas y estructuras del narcotráfico ha puesto el foco sobre el discurso de seguridad del diputado liberal Jorge Cálix.
“No me importan los mareros ni los narcos, me importa la gente”, es parte de las declaraciones atribuidas al parlamentario, quien también habría expresado su postura sobre mantener a estos privados de libertad en un mismo módulo, incluso ante la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos mortales entre ellos.
“Si se matan, que se maten, un delincuente menos”, sería otra de las frases pronunciadas por Cálix, en un discurso de línea dura contra quienes integran estructuras criminales.
Las expresiones más controversiales reflejan una postura que coloca en el centro del debate la seguridad de la población frente al tratamiento que debe garantizar el Estado a las personas bajo custodia penitenciaria.
Mano dura contra el crimen
Las declaraciones de Calix se producen en el marco de las reformas recién aprobadas en el Congreso Nacional sobre el endurecimiento de las medidas penales contra las maras y pandillas.
El 13 de octubre, en varios medios de comunicación se reportó que Cálix exigió aplicar rigurosamente las leyes contra estas estructuras criminales y cuestionó que las disposiciones legales puedan resultar inútiles si fiscales, jueces y autoridades responsables no las hacen cumplir.
El legislador también defendió una reforma estructural del sistema de justicia y la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
Un día después, se difundió en medios y redes sociales un video con declaraciones del diputado bajo el titular: “No me importan los mareros, no me importan los narcos”.
¿Hasta dónde debe llegar la mano dura?
La lucha contra las maras, las pandillas y el narcotráfico es una de las principales exigencias de la población hondureña, golpeada durante años por la violencia, la extorsión y el crimen organizado.
Sin embargo, las declaraciones atribuidas a Cálix abren una discusión sobre los límites de la política penitenciaria y las obligaciones del Estado frente a quienes permanecen privados de libertad.
La firmeza contra el crimen no elimina la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad dentro de las cárceles, impedir los homicidios bajo custodia y hacer cumplir las condenas conforme a la ley.
El debate no se limita a la severidad de las penas: también involucra la capacidad de las autoridades para impedir que los centros penales sigan siendo escenarios de violencia y control criminal.
Perspectiva HN dará seguimiento a las reacciones que generen estas declaraciones y a las medidas que impulsen las autoridades para enfrentar a las estructuras criminales en Honduras.






