Tegucigalpa.– El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, elevó este fin de semana sus cuestionamientos contra la resolución judicial que otorgó sobreseimiento definitivo al expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, al señalar que el juez que conoció la causa sería hermano de un diputado del Partido Nacional.
Aspra planteó públicamente que esa relación familiar genera dudas sobre la imparcialidad con la que se conoció el expediente. El señalamiento corresponde a la versión del procurador y, hasta ahora, las fuentes consultadas no muestran una resolución judicial que haya establecido que existió parcialidad por parte del juzgador.
Las críticas del funcionario se suman a los reparos que ya había formulado la Procuraduría General de la República sobre el manejo de las pruebas. Según la PGR, durante el proceso fueron inadmitidos 22 de los 38 medios de prueba propuestos, aproximadamente el 58 % de la carga probatoria documental, entre ellos recibos y facturas que el juez consideró que no estaban a nombre del exmandatario.
La institución también cuestionó la exclusión de decenas de constancias relacionadas con comunidades que, según la acusación, no habrían recibido recursos destinados originalmente a proyectos sociales y productivos. La PGR sostiene que el caso involucra una presunta sustracción de L288 millones del erario público, de los cuales más de L62 millones habrían sido vinculados por las investigaciones financieras a actividades políticas relacionadas con la campaña de Hernández. Estas cifras forman parte de los argumentos de la acusación y continúan sujetas a revisión judicial.
Tras el sobreseimiento definitivo, tanto la PGR como el Ministerio Público presentaron recursos de apelación, solicitando que la resolución sea revocada y que se dicte auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y lavado de activos. La decisión ahora deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones competente.
El caso Pandora II vuelve así al centro de la polémica, no solo por el futuro judicial del expresidente Hernández, sino también por los cuestionamientos planteados por Aspra sobre la actuación del juez y el tratamiento de la prueba presentada durante el proceso.
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