Tegucigalpa.– La decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de revocar la prisión preventiva contra el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Antonio Bográn, vuelve a poner bajo la lupa la independencia judicial y reabre el debate sobre una justicia que, para muchos hondureños, parece aplicar diferentes criterios dependiendo de quién ocupa el poder.
Aunque Bográn no queda libre de todos sus procesos y continúa privado de libertad por otras causas, entre ellas el expediente relacionado con los hospitales móviles, la resolución genera nuevas interrogantes sobre el funcionamiento de la justicia en Honduras.
El caso Bográn se suma a una larga lista de resoluciones que, durante diferentes gobiernos, han favorecido o afectado a figuras vinculadas con distintos sectores políticos. Sobreseimientos, amnistías, revocatorias y cambios en medidas cautelares han alimentado la percepción ciudadana de una justicia selectiva.
En 2026, el debate volvió a cobrar fuerza con resoluciones como el sobreseimiento definitivo otorgado al expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, decisión que fue apelada por el Ministerio Público.
Cada cambio de gobierno parece traer consigo una nueva etapa de procesos judiciales contra figuras de la administración anterior, mientras personas vinculadas al nuevo poder terminan también bajo escrutinio.
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