Tegucigalpa. A dos años del asesinato del ambientalista Juan López, familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la Iglesia reiteraron su exigencia de justicia, esclarecimiento pleno del caso y una respuesta efectiva por parte de las instituciones del Estado.
Durante las actividades conmemorativas, los participantes demandaron que el crimen no quede sin respuesta y que las autoridades determinen, conforme a la ley, las responsabilidades de todas las personas involucradas. También pidieron mantener viva la memoria y el legado de López, reconocido por su defensa de las comunidades, del territorio y de los bienes naturales.
Los actos de recordación se convirtieron además en un espacio para denunciar la situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes defienden derechos humanos y ambientales en Honduras. Familiares y organizaciones señalaron que la labor de estos defensores suele desarrollarse en contextos marcados por conflictos relacionados con el uso, control y protección de los recursos naturales, lo que puede exponerlos a amenazas, hostigamiento y otras formas de presión.
Monseñor Henry Ruiz cuestionó la respuesta de las instituciones del Estado y reclamó mayores garantías para quienes defienden los derechos humanos y el territorio. Su llamado se sumó a la preocupación expresada por las organizaciones acompañantes, que consideran necesario fortalecer las medidas de prevención y protección para evitar nuevos ataques contra líderes comunitarios y defensores ambientales.
El caso de López ha mantenido la atención sobre los riesgos que enfrentan las personas que denuncian daños ambientales o se oponen a proyectos y decisiones que afectan a sus comunidades. En estos contextos, la falta de investigaciones concluyentes y de sanciones oportunas puede profundizar la percepción de impunidad y aumentar la desconfianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia.
Familiares y organizaciones acompañantes sostienen que la ausencia de una resolución definitiva mantiene abierta la herida para quienes conocieron a López y deja pendientes respuestas fundamentales sobre el crimen. Entre sus principales demandas se encuentra que la investigación y el proceso judicial avancen con independencia, transparencia y respeto al debido proceso, hasta establecer plenamente lo ocurrido y las responsabilidades correspondientes.
En el ámbito judicial, el proceso continúa sin una sentencia firme. De acuerdo con la información disponible, el juicio contra los implicados está previsto para enero de 2027. Mientras se acerca esa fecha, las partes demandan que las autoridades judiciales cumplan los plazos establecidos, eviten nuevas demoras y garanticen que el proceso avance hasta una resolución definitiva.
La programación del juicio representa un paso dentro del proceso, pero no sustituye la obligación del Estado de esclarecer integralmente el asesinato y asegurar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Por ello, las organizaciones han insistido en que el caso debe ser atendido con la debida diligencia y sin permitir que el paso del tiempo debilite las investigaciones.
La preocupación también se extiende a otros defensores ambientales que continúan trabajando en sus comunidades. Para las organizaciones, la protección no debe limitarse a reaccionar después de una amenaza o un ataque, sino que debe incluir medidas preventivas, investigaciones eficaces y garantías para que las personas puedan ejercer su labor sin temor a represalias.
Familiares y organizaciones mantienen la exigencia de que el asesinato de Juan López no quede impune, de que se esclarezcan plenamente los hechos y de que el Estado garantice una protección efectiva para los defensores ambientales y de derechos humanos.
A dos años del crimen, la pregunta continúa vigente: ¿hasta cuándo habrá justicia por el asesinato de Juan López?
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