Congreso Nacional/El Heraldo
Las reformas a la Ley Electoral plantean cambios al CNE y abren el debate sobre su impacto en la confianza y transparencia electoral.
Tegucigalpa. El Congreso Nacional se prepara para discutir una nueva propuesta de reformas a la Ley Electoral que plantea cambios al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), los sistemas tecnológicos y los procedimientos de escrutinio, en un contexto marcado por cuestionamientos ciudadanos sobre los resultados de los últimos procesos electorales.
La iniciativa, presentada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, está contenida en un proyecto de decreto de 21 artículos. Según sus impulsores, busca corregir problemas evidenciados durante el proceso electoral de 2025 y evitar que las diferencias entre los consejeros del CNE paralicen decisiones necesarias para la organización de las elecciones.
Sin embargo, la propuesta llega en un momento particularmente sensible, cuando una parte de la ciudadanía todavía cuestiona la transparencia, confiabilidad y legitimidad de los resultados electorales recientes. En este escenario, las reformas plantean una discusión que va más allá de los cambios técnicos: ¿quién se beneficia realmente con estas modificaciones si llegan a aprobarse?
Cambios en el funcionamiento del CNE
Uno de los aspectos que genera interrogantes es la modificación de las reglas relacionadas con la toma de decisiones dentro del CNE, uno de los órganos cuya actuación resulta determinante para garantizar la confianza en los procesos electorales.
El proyecto establece que, ante la ausencia de un consejero propietario, deberá incorporarse un suplente legalmente convocado. Además, el pleno podrá sesionar válidamente con la presencia de al menos dos consejeros propietarios, siempre que hayan sido convocados conforme a la ley.
La propuesta también señala que la ausencia injustificada de un consejero propietario o suplente convocado no invalidará las sesiones ni las decisiones adoptadas por quienes estén presentes.
Otro de los elementos incorporados es la figura de “obstrucción institucional”, que contempla como posibles conductas sancionables la incomparecencia injustificada a sesiones, el abandono de reuniones una vez instaladas, los retrasos injustificados o las actuaciones que tengan como propósito paralizar el funcionamiento del CNE.
Como salvaguarda, la iniciativa establece que no constituirá obstrucción institucional el voto razonado en contra, la presentación de observaciones técnicas o jurídicas ni el ejercicio legítimo de las funciones propias del cargo.
Asimismo, la Secretaría General del CNE tendría la obligación de documentar las actuaciones que pudieran constituir obstrucción y, cuando existan indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal, remitir la documentación a las autoridades correspondientes.
Una reforma que abre más preguntas que respuestas
Más allá de los argumentos de sus promotores, el debate sobre las reformas a la Ley Electoral no debería limitarse a determinar si el CNE puede funcionar con dos consejeros presentes. La discusión de fondo es si las nuevas reglas aumentarán o disminuirán la confianza de los ciudadanos en las elecciones.
Hasta ahora, el proyecto tampoco contempla el balotaje o segunda vuelta electoral, pese a que este mecanismo forma parte de las propuestas que periódicamente han sido planteadas como una alternativa para fortalecer la legitimidad del candidato que resulte electo.
En un país donde los resultados electorales recientes han sido objeto de cuestionamientos y donde amplios sectores demandan mayor transparencia, cualquier modificación de las reglas electorales debería explicar con claridad qué problema pretende solucionar, por qué se propone ahora y quiénes podrían resultar favorecidos o afectados por su aplicación.
La pregunta queda sobre la mesa: ¿se trata de una reforma diseñada para fortalecer la democracia y recuperar la confianza de los hondureños, o de un cambio de reglas cuyos verdaderos beneficiarios todavía no conoce la ciudadanía?
Esa respuesta, antes de que el Congreso Nacional vote, debería ser explicada con absoluta transparencia.
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